EQUO Andalucía considera la aprobación de la nueva Ley de Costas una agresión al litoral y un paso atrás para salir de la crisis

El Congreso de los Diputados decidió ayer, con el único voto a favor del PP, asestar un gravísimo golpe al litoral español, ya moribundo, mediante la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988. EQUO Andalucía expresa su más rotundo rechazo a esta legislación que constituye la renuncia, por parte del Ministerio dirigido por Arias Cañete, a la protección del litoral frente a la presión urbanística. Asimismo exige su retirada inmediata y reclama la máxima protección de un espacio vital para el desarrollo sociocultural y económico.

EQUO Andalucía denuncia el gravísimo impacto que puede tener sobre el litoral andaluz, ya profundamente afectado por el urbanismo salvaje y que ha conocido recientemente polémicos casos como los de Valdevaqueros o Algarrobico.

Para la coportavoz de EQUO Andalucía, Maria Merello, el resumen del contenido de la ley no puede ser más claro y desolador: “Esto es la privatización de facto del dominio público marítimo terrestre y constituye una regresión sin precedentes en la protección del espacio litoral. Todo ello con argumentos que no se sostienen por si solos como la búsqueda de la seguridad jurídica o, irónicamente, propiciar el uso sostenible de estos espacios.” El coportavoz de EQUO Andalucía, Esteban de Manuel ha añadido: “En estos meses de tramitación ha quedado más que claro que el Gobierno no tiene un plan para cambiar el modelo de desarrollo español que tan nefastos resultados ha acarreado para la economía y el empleo. Por eso, trata desesperadamente, de volver a la dinámica depredadora de la construcción desmedida y el pelotazo urbanístico, en una huida hacia delante que en este caso puede terminar de aniquilar nuestro vulnerable litoral.”

La nueva ley nace con la oposición de la práctica totalidad de los grupos políticos, los colectivos ecologistas y numerosas organizaciones. Este generalizado rechazo no ha sido impedimento para su aprobación, como viene siendo habitual en la acción de este Gobierno. Para EQUO no es sorprendente que se haya tramitado esta reforma legislativa por el procedimiento de urgencia, aún cuando la normativa en vigor no requería tal modificación y ni tan siquiera iba en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales. Esta estrategia responde claramente a la intención del  Gobierno de favorecer los intereses económicos de personas y empresas del sector de la construcción del entorno del Partido Popular cuyos vínculos con dirigentes del partido están más que demostrados (ver informe Amnistía a la Destrucción, de Greenpeace).Una vez más, nos encontramos ante el expolio del patrimonio de todos para el beneficio de unos pocos.

Con la nueva ley reduce la franja de protección del litoral a tan sólo 20 m. Esto podría afectar hasta a 125.000 viviendas, hoy en día en dominio público. Desgraciadamente los andaluces somos conocedores de primera mano de las consecuencias que tiene la presión urbanística sobre la gestión de los Ayuntamientos, que son beneficiarios directos de la especulación inmobiliaria.

Para Andalucía, el espacio litoral ha sido históricamente una de sus principales señas de identidad, además del soporte de importantes actividades culturales y económicas: no sólo el turismo cuyo peso en el desarrollo de la comunidad es indiscutible, sino también otras como la pesca o la acuicultura. El mantenimiento de estas actividades depende absolutamente de la preservación y recuperación de los ecosistemas litorales y costeros, por lo que la nueva ley tal y como se plantea es no sólo un atentado contra una parte preciadísima del patrimonio natural andaluz, sino también un peligro para el sostenimiento de tradicionales sectores de la economía.

Desde EQUO rechazamos frontalmente esta reforma de la Ley de Costas, y no podemos sino exigir su retirada inmediata y reclamar lo que es de justicia: la protección de un espacio vital para el desarrollo sociocultural y económico como es el litoral, y la garantía del carácter público de un patrimonio que pertenece a la ciudadanía andaluza y española.

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