EQUO rechaza la ley de seguridad ciudadana del gobierno que criminaliza la protesta civil

Para EQUO la anunciada Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es, junto con la también inminente reforma del Código penal, una agresión sin precedentes a nuestra democracia y otro intento de criminalizar el activismo y la movilización social intimidando a la ciudadanía.

En este sentido, la coportavoz federal de EQUO Reyes Montiel ha afirmado que “con estas reformas se está llegando a una progresiva criminalización de la discrepancia y a una protección desproporcionada a los cargos públicos y fuerzas de seguridad del Estado, algo fuera de lugar en una democracia del siglo XXI ”

En concreto, para EQUO esta Ley vulnera principios constitucionales que aparecen en el artículo 9 en el que se establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y va también contra los artículos 20 y 21 de la Constitución que consagran la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica sin autorización previa.

Además, EQUO ha advertido del peligro que supone la tipificación como infracciones administrativas de algunas formas de protesta pacíficas que hasta ahora no eran consideradas ni infracciones ni faltas ni delitos, como por ejemplo los escraches o las concentraciones frente a obras e instalaciones que merecen el rechazo de organizaciones ecologistas como centrales nucleares. Por otra parte algunas conductas hasta ahora tipificadas como faltas, y que por tanto debían ser ratificadas mediante un juicio, pasan a ser también  infracciones, con sus correspondientes multas y que se imponen sin intervención judicial.

“Esta ley no está pensada para proteger a la ciudadanía, sino para consagrar un altísimo grado de impunidad en la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en su actuación durante las manifestaciones y protestas” ha afirmado la coportavoz de EQUO, Reyes Montiel, quien ha afirmado que es “absolutamente incomprensible que se pueda sancionar con hasta 600.000€ por grabar en vídeo o difundir una fotografía de los agentes antidisturbios agrediendo a los manifestantes o por participar en una concentración espontánea ante el Congreso o darle difusión por redes sociales”

En definitiva, para EQUO esta ley supone un grave ataque a principios democráticos fundamentales y es una norma incomprensible para la ciudadanía que ve día a día como quedan impunes asuntos tan graves como el Prestige, Bankia, o sonoros casos de corrupción, mientras se castiga a la ciudadanía que legítimamente demuestra su malestar ante decisiones de un gobierno que parece empeñado en consolidar privilegios de una élite y salir airoso y sin responsabilidades de sus casos de corrupción.

Para EQUO, la defensa de la democracia y la regeneración del marco democrático para dar más voz a la ciudadanía, son elementos fundamentales. Como lo es que se garanticen las libertades políticas y derechos como el de manifestación o la libertad de expresión.

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