La defensa del medio ambiente y el interés general

Los Grupos ecologistas y ONGs relacionadas con el medio ambiente en reunión reciente con el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reclamaron de éste, la revisión de determinados aspectos de las reformas legales aprobadas ya, o iniciadas, que entorpecen el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental.

EQUO Andalucia quiere hacerse eco de esta noticia que, aunque apenas haya trascendido dados los tiempos convulsos por los que discurre nuestra actualidad, es de gran importancia ya que atañe a un derecho fundamental.

Así , al amparo del artículo 45 de la Constitución Española podemos leer: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado…así como el deber de conservarlo” También los poderes públicos velarán por ello, dice este artículo y con la implantación de las reformas propuestas será realmente dificultoso , sobre todo desde el punto de vista de costes para el que denuncia, que las causas relativas a agresiones ambientales en nuestro territorio puedan prosperar con los gravámenes previstos en la Ley de Tasas, ya en vigor, y los proyectos actualmente en elaboración de la Ley de Justicia Gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ello, según apreciaban justamente las ONG citadas ( Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) deben ser modificadas para ajustarse a este derecho recogido en nuestra carta magna así como a los compromisos internacionales de España.

También en la comunidad andaluza hay un epígrafe en su Estatuto de Autonomía dedicado a la expresa protección del Medio Ambiente en su Título VII. El artículo 140 de dicho Estatuto especifica que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es competente para tutelar los derechos reconocidos por éste, y, entre ellos, evidentemente está el de la debida protección del Medio Ambiente evitando poner cortapisas (léase tasas u otros gravámenes) a las ONGs o asociaciones y plataformas ciudadanas que se constituyan en su defensa. Por ello, también el TSJA debería ser valedor ante el Ministerio de reformas en la legislación que no perjudiquen la adecuada protección ante agresiones ambientales.

Del mismo modo que ocurre en otros países y como establecen algunas directivas europeas y el Convenio de Aarhus, debe haber un reconocimiento expreso para que las ONG ambientales estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales.

Lo mismo podríamos decir de cualquier ciudadano, agrupación o plataforma que se pueda crear en defensa del Medio Ambiente y contra agresiones al mismo.

Por ello, EQUO Andalucía, se suma a esta petición y apoya la reclamación de cambio en las propuestas legislativas del Ministerio de Justicia.

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